Unións Agrarias advierte que las medidas de prevención en el medio rural ante incendios forestales catastróficos, deben ser adecuadas al fin que pretenden, además de proporcionadas a su aplicación. El medio rural gallego llegó a un alto grado de vulnerabilidad debido a uno progresivo proceso de abandono. En concreto, el núcleo tradicional gallego y la casa tradicional gallega, siempre estuvieron defendidas de los fuegos forestales, mediante un sabio uso del territorio, donde los lugares y casas estaban separados del monte por un cinturón de parcelas dedicadas a cultivos y prados. El abandono de los pueblos, y la desaparición progresiva de terrenos productivos en el entorno de núcleos y viviendas por falta de actividad agrícola, profesional y también de la actividad a tiempo parcial, está detrás de esta vulnerabilidad que presentan ahora casas y aldeas ante los incendios.
Muchas de estas hectáreas que hacían de protección, estarían todavía en producción sí no había sido prácticamente imposible tener animales en casas para autoconsumo, por la burocracia y normativa actual. Y sí los daños del jabalí no hubieran fomentado el abandono de huertas, prados y cultivos en el entorno de las casas y lugares. Crear un marco idóneo para que esta actividad es posible y viable, es tan importante como desbrozar, y sería económicamente sostenible en el tiempo. Por otra parte, el escaso plazo dado para lo cumplimento del control de la biomasa en las “ franjas de control de biomasa” en el entorno de las casas, lugares y carreteras, está creando una auténtica situación de desconcierto del rural, especialmente de las personas mayores, ya sin posibilidad física de ejecutar los trabajos que se les demandan, y sin medios económicos para contratarlos a empresas, por depender de pensiones precarias sin holgura económica.
Tampoco se entiende como se pretende que sean los propietarios lindantes de las carreteras, los que tengan que correr sobrecoste de la gestión de la biomasa en unha franja de 4 o 10 metros desde el límite del Dominio Público: Sí se llega a la conclusión de que las carreteras precisan de uno ancho adicional en su trazado, para la protección de los usuarios en caso de fuego de copas, será el propietario de estas infraestructuras públicas, quien tendrá que asumir lo cueste de expropiar esta franja (cómo se hizo para la construcción de la carretera para ubicar la explanación de la vía) y correr con el coste del desbrozado y mantenimiento de la misma. Sí se está limitando el uso de la propiedad en una franja de terreno adicional a una infraestructura, por razones de seguridad de esta, hace falta pagar esa expropiación de ese uso al propietario, exactamente igual que hacen las empresas eléctricas con las franjas de mantenimiento y desbroce que discurren por debajo de los tendidos eléctricos.
